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Desde el año 2002, habitantes de El Salto y Juanacatlán (dos municipios de Jalisco) han conformado diversas organizaciones de denuncia por la contaminación del río Santiago a causa de las descargas industriales y residuales provenientes de Guadalajara.
Se ha detectado la presencia de sustancias como mercurio, arsénico, tolueno, benceno y otros químicos que causan enfermedades en distintos grados, desde respiratorias, dérmicas, gastrointestinales, renales, hasta una alta incidencia de cáncer y problemas del sistema nervioso.
En 2009 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y al año siguiente se decretó la zona como Polígono de Fragilidad Ambiental, por lo que se construyó una planta de tratamiento. Sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que el agua del río sigue contaminada y los problemas de salud en sus habitantes persisten.
Existen diversas legislaciones aplicables a esta problemática, como el artículo 4° constitucional que establece el derecho humano al agua de forma suficiente, aceptable y salubre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o incluso la Ley General de Salud. Sin embargo, para los habitantes de estas regiones son letra muerta, no consiguen castigo ni responsabilidad quienes contaminan el río Santiago.
Las autoridades deben proporcionar la suficiente comunicación y transparencia de la problemática hacia los actores involucrados (como las industrias contaminantes), así como estrategias de prevención, atención oportuna y seguimiento de casos de enfermedad en estas poblaciones.
Tomado de: Las ciencias en los estudios del agua. Viejos desafíos sociales y nuevos retos, Editorial Universidad de Guadalajara, 2018. Descárgalo aquí.
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Desde el año 2002, habitantes de El Salto y Juanacatlán (dos municipios de Jalisco) han conformado diversas organizaciones de denuncia por la contaminación del río Santiago a causa de las descargas industriales y residuales provenientes de Guadalajara.
Se ha detectado la presencia de sustancias como mercurio, arsénico, tolueno, benceno y otros químicos que causan enfermedades en distintos grados, desde respiratorias, dérmicas, gastrointestinales, renales, hasta una alta incidencia de cáncer y problemas del sistema nervioso.
En 2009 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y al año siguiente se decretó la zona como Polígono de Fragilidad Ambiental, por lo que se construyó una planta de tratamiento. Sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que el agua del río sigue contaminada y los problemas de salud en sus habitantes persisten.
Existen diversas legislaciones aplicables a esta problemática, como el artículo 4° constitucional que establece el derecho humano al agua de forma suficiente, aceptable y salubre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o incluso la Ley General de Salud. Sin embargo, para los habitantes de estas regiones son letra muerta, no consiguen castigo ni responsabilidad quienes contaminan el río Santiago.
Las autoridades deben proporcionar la suficiente comunicación y transparencia de la problemática hacia los actores involucrados (como las industrias contaminantes), así como estrategias de prevención, atención oportuna y seguimiento de casos de enfermedad en estas poblaciones.
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